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En la práctica procesal española existe una confusión muy extendida tanto entre particulares como entre algunos operadores jurídicos: creer que el informe redactado por el psicólogo que atiende a un paciente en consulta tiene plena validez como prueba pericial en un procedimiento judicial. Conocer la diferencia entre informe clínico y pericial es fundamental para evitar que una prueba clave sea invalidada en sala o incluso utilizada en contra de quien la aporta.

La psicología clínica y la psicología forense comparten una misma base científica, pero persiguen objetivos diametralmente opuestos. Cuando ambos papeles se mezclan en una misma persona, se produce lo que en deontología profesional denominamos la incompatibilidad terapeuta y perito o conflicto de doble rol.

Objetivo terapéutico vs. objetivo forense: por qué la alianza terapéutica invalida la objetividad pericial

El psicólogo clínico o sanitario trabaja bajo el principio de ayuda y bienestar del paciente. Para que una psicoterapia funcione, es imprescindible construir una sólida alianza terapéutica basada en la empatía, la confianza mutua y la aceptación incondicional del relato del paciente. El terapeuta no cuestiona ni investiga la veracidad objetiva de los hechos externos que narra su paciente; trabaja sobre su vivencia subjetiva y su sufrimiento emocional.

Por el contrario, el psicólogo forense no tiene un paciente, sino un evaluado, y su cliente real es el tribunal (o el proceso judicial). Su misión no es curar ni aliviar el malestar, sino realizar una evaluación técnica, imparcial y objetiva para responder a las preguntas legales planteadas por el juez o las partes. Para ello, el perito debe contrastar fuentes, aplicar pruebas psicométricas específicas y descartar activamente la simulación, la disimulación o los sesgos de memoria.

Diferencias estructurales entre ambos roles

Finalidad del documento: El informe clínico certifica una asistencia sanitaria o evolución terapéutica; el dictamen pericial aporta asesoramiento científico al juzgador para la toma de decisiones jurídicas.

Secreto profesional: En terapia, la confidencialidad es absoluta. En el ámbito forense, el evaluado es informado previamente mediante consentimiento informado de que todo lo explorado será trasladado al juez y a las partes.

Metodología de evaluación: Mientras la clínica se centra en el diagnóstico y tratamiento (DSM-5 / CIE-11), la evaluación forense exige valorar el nexo causal, la capacidad funcional y el control de distorsiones de respuesta.

Qué dice el Código Deontológico del Psicólogo y la Ley de Enjuiciamiento Civil

La separación entre ambos roles no es una mera recomendación académica, sino una exigencia ética y legal respaldada por los Colegios Oficiales de la Psicología (COP) en España y por la normativa procesal vigente.

Desde el punto de vista deontológico, los artículos 6, 15 y 25 del Código Deontológico del Psicólogo exigen rigor científico, objetividad e independencia, advirtiendo expresamente contra la emisión de informes sobre personas con las que se mantiene una relación previa que pueda comprometer la imparcialidad.

En el plano jurídico, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula en su artículo 335 el deber de todo perito de actuar con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Cuando un terapeuta firma un informe con pretensiones periciales sobre su propio paciente, vulnera este principio estructural.

Cómo el abogado contrario puede solicitar la tacha o impugnar un informe emitido por el psicólogo tratante

Presentar en un litigio —ya sea un procedimiento de derecho de familia, una reclamación de secuelas o una causa penal— un informe elaborado por el psicólogo clínico habitual conlleva un altísimo riesgo estratégico. La parte contraria dispone de mecanismos procesales directos para neutralizarlo:

La tacha de perito psicólogo (Art. 343 LEC): El letrado adverso puede tachar al profesional alegando la existencia de una relación previa o vínculo de interés con la parte que lo propone, lo que compromete su imparcialidad ante el tribunal.

Impugnación metodológica en el acto del juicio: Durante la ratificación en sala, un abogado bien asesorado preguntará al terapeuta si ha contrastado el relato de su paciente con otras fuentes o si ha aplicado escalas de validación de síntomas. Al responder negativamente (ya que no es su función clínica), la validez del informe psicológico en juicio queda seriamente debilitada.

Riesgo de revelación de información sensible: Al citar al terapeuta como testigo-perito, el paciente puede verse expuesto a que en el interrogatorio salgan a la luz detalles íntimos de su historial clínico que no deseaba incorporar al pleito.

El papel del psicólogo forense independiente como garantía procesal

Esto no significa que el historial clínico carezca de utilidad en un proceso judicial. Los certificados de asistencia o informes clínicos aportados como prueba documental acreditan que una persona ha recibido tratamiento en unas fechas determinadas. Sin embargo, para demostrar el daño psíquico, establecer el nexo causal o valorar capacidades parentales y cognitivas, es indispensable contar con un dictamen elaborado por un especialista en peritaje psicológico judicial.

Un perito psicólogo forense independiente aporta el rigor metodológico, la distancia emocional y la experiencia en ratificación en sala que los jueces demandan para fundamentar sus sentencias conforme a las reglas de la sana crítica.

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