La entrada en vigor de la Ley 8/2021 supuso un cambio de paradigma histórico en el ordenamiento jurídico español. Se abandonó definitivamente el antiguo concepto de «incapacitación judicial» y la figura de la tutela para adultos, dando paso a un modelo basado en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad o deterioro cognitivo. En este marco legal, el peritaje psicológico en la provisión de apoyos se ha consolidado como un elemento técnico imprescindible para orientar la decisión del tribunal.
El objetivo de la evaluación pericial de apoyos ya no es determinar si una persona es «capaz» o «incapaz» de forma binaria, sino evaluar de forma cuantitativa y cualitativa qué tipo de asistencia puntual o continuada requiere para ejercer su capacidad jurídica en condiciones de igualdad y seguridad.
De la incapacitación tradicional a la determinación de apoyos formales e informales
Bajo la legislación actual, la modificación de la capacidad jurídica ha sido sustituida por la asignación de medidas de apoyo (como la curatela, el defensor judicial o la guarda de hecho). La intervención del perito psicólogo forense en estos procedimientos abarca la evaluación de áreas clave de la vida cotidiana del evaluado:
- Valoración del funcionamiento cognitivo y adaptativo: Examen de procesos superiores como la memoria, la orientación, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas mediante baterías neuropsicológicas estandarizadas.
- Capacidad para la toma de decisiones complejas: Determinación del nivel de comprensión y autonomía respecto a actos de trascendencia personal o patrimonial (gestión de cuentas bancarias, tratamientos médicos, consentimiento o decisiones de vivienda).
- Detección de vulnerabilidad y riesgo de influencia indebida: Evaluación de la susceptibilidad a la manipulación, el engaño o la coacción por parte de terceros, garantizando que los apoyos actúen como salvaguarda y no como restricción de la autonomía.
- Ajuste de las medidas de apoyo a las preferencias individuales: Exploración de la propia voluntad manifestada por la persona para proponer al juzgado medidas proporcionales y adaptadas a sus necesidades reales.
El valor del dictamen pericial para abogados civilistas y familias
Para las familias y los profesionales del Derecho Civil, aportar un informe pericial de parte especializado facilita al juez una radiografía precisa del estado clínico del evaluado. Este análisis técnico evita el sobredimensionamiento de las medidas restrictivas y asegura que las resoluciones judiciales se ajusten estrictamente a la realidad funcional de la persona con discapacidad, demencia incipiente o trastorno psíquico grave.
Si tu familia o tu despacho requiere asesoramiento en la tramitación de medidas judiciales de apoyo, puedes consultar nuestros servicios de peritajes psicológicos en el ámbito civil o ponerte en contacto con nuestro gabinete.